León reclama su sitio como región ante un declive sin freno
Julio Lago, economista leonés y hasta hace un año profesor de Economía en la Universidad de León, dirigió en 2022 un estudio para tratar de calibrar el tamaño de la cuesta abajo por la que se desliza la provincia. Recogió una montaña de datos de entre los que destaca solo unos cuantos: en 1983, en León vivían 526.000 personas, más que en Valladolid, y casi las mismas que en Navarra o Cantabria. En 2024, León cuenta solo con 446.000 habitantes, Valladolid supera los 525.000, Cantabria roza los 600.000 y Navarra alcanza los 678.000. Aquel año, 1983, León mandaba al Congreso seis diputados; hoy solo envía cuatro. En 1983, la tasa de actividad (porcentaje de la población con un empleo activo, esto es, que no son parados, jubilados o estudiantes) de la provincia se situaba entre la media de España; hoy se hunde en los últimos puestos. De las nueve provincias de Castilla y León, ya de por sí envejecidas, León es la más envejecida. Con el cierre de las minas se perdieron más de 20.000 empleos, sin contar los indirectos. Lago enarbola papeles y gráficos y números, pero luego añade algo que muestra mejor la herida abierta por la que se desangra su tierra: “La inmensa mayoría de mis alumnos más brillantes se han ido fuera”.
Valladolid considera injustas las críticas centralistas
Las guerrillas locales salpican al PP y PSOE por la cuestión de la autonomía leonesa. El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, apeló a “trabajar juntos” tras las movilizaciones en esta provincia. El PP apenas se pronuncia pero anónimamente admite la complejidad de gestionar ese sentir. El vallisoletano Francisco Igea, exvicepresidente por Ciudadanos, plantea un referéndum en León y cree que rechazarían el ‘Lexit’. Fuentes del PSOE reconocen que el factor León dificulta ciertos “debates internos” y que el próximo congreso provincial alimenta el rentable discurso contra Valladolid. Además, acusan al PP de no fomentar la unión más allá del encaje estatutario y la cruda realidad: un territorio mayor que Portugal, con 2.248 municipios, envejecido y más pulsión provincialista que autonómica.
El exvicepresidente vallisoletano José Antonio de Santiago (PP) cree “injusto” el supuesto centralismo achacado a Valladolid. En tiempos preautonómicos “nadie creía en la comunidad” y, mientras en Burgos renegaban, el exalcalde pucelano Tomás Rodríguez Bolaños (PSOE) “estuvo listo” y cedió terrenos para instalar la Junta, hoy foco de poder: “Se veía con extrañeza por no tener funciones, cuando crecieron las competencias aumentaron las envidias”.
El catedrático de Derecho y exconsejero de Educación Fernando Rey cree que la Junta “intenta gobernar de modo centrípeto pero no avanza porque son nueve provincias mal cosidas” Y añade: “El sentimiento de agravio no mata a nadie, pero es una llamada de atención”.
Con todo, las denuncias de centralismo irritan a los pucelanos. Y al revés: las obras que se acometen en Valladolid se miran con lupa ―y con cierta inquina― desde el resto de la comunidad autónoma, especialmente desde León. La última polémica, la nueva estación de tren de Valladolid, cuyo proyecto fue presentado el lunes 24 de febrero por el ministro de Transportes Óscar Puente. La obra requerirá una inversión de 253 millones de euros y una obra de 37 meses. El ministro se puso la venda antes de la herida: “En algún lugar de la comunidad dirán que como el ministro es de Valladolid… Esta estación no se va a hacer porque yo sea ministro de Transportes”. Luego precisó que la obra estaba prevista desde 2019.
