Amenazas, falta de comida, violencia y bajas laborales en la primera línea de la atención a menores migrantes
Sobre la mullida moqueta de los despachos se ultiman las negociaciones entre los representantes políticos para cerrar un reparto puntual de unos 4.000 de los aproximadamente 5.800 menores no acompañados que tutela el Gobierno de Canarias. Mientras tanto, los trabajadores encargados de la primera línea de la atención sufren en carne propia la saturación y el descontrol de la atención a los menores sin tutores legales. Es el caso del centro en la localidad lanzaroteña de Mácher, abierto hace menos de un año. Seis de la quincena de trabajadores están de baja laboral y cuatro han renunciado a su puesto por la situación que ha impuesto la entidad que lo gestiona, la Fundación para el Estudio y la Promoción de la Acción Social (Fepas), que cobra 90 euros por menor y día de dinero público. Los empleados denuncian una situación extrema: falta de comida, ausencia de servicios mínimos como lavandería, el fin de las clases de español o de la orientación para los chicos y destrozo de las instalaciones. “No hay mayor violencia que no dar de comer a un menor”, aseveran fuentes cercanas a los trabajadores. “Es una presión inexplicable, no sé cómo definirla con palabras”, relata otra fuente.
